La Corte Suprema confirmó una condena contra el Servicio de Salud Atacama (Rol N° 195.256-2023) por falta de servicio, ordenando pagar 30 millones de pesos por daño moral a cada demandante. El fallo ratificó que omitir la entrega oportuna de una biopsia privó al paciente de la oportunidad real de recibir tratamiento oncológico temprano frente a un cáncer renal.
Criterio para demandas contra hospitales públicos: En litigios por negligencia médica estatal, los servicios de salud suelen defenderse argumentando que la persona padecía una patología mortal y que su fallecimiento era previsible. Este pronunciamiento de la Corte Suprema confirma que cuando un hospital se retrasa en entregar exámenes críticos o en derivar a un especialista, se configura una falta de servicio que debe indemnizarse, con independencia del pronóstico final de la patología de base.
1. Los hechos del caso en el Hospital Regional de Copiapó
El paciente, don Fernando Pérez Rojas, fue intervenido quirúrgicamente el 8 de enero de 2020 en el Hospital Regional de Copiapó, practicándosele una nefrectomía total izquierda con el fin de extirparle un tumor renal.
El 20 de febrero de 2020, en su primer control postoperatorio, el hospital ya contaba con el informe de anatomía patológica evacuado. El resultado diagnosticaba con claridad un carcinoma renal de células claras infiltrante en estadio IV. Sin embargo, el equipo médico entregó el documento físico al paciente sin explicarle su contenido, sin consignar el resultado en la ficha clínica y sin activar las garantías de la canasta GES para cáncer renal ni gestionar la interconsulta urgente a oncología.
El paciente regresó a su hogar desconociendo la gravedad de su estado. Tres meses después, el 15 de mayo de 2020, acudió nuevamente a urgencias por dolores lumbares intensos e imposibilidad funcional de caminar, detectándose una metástasis ósea en la vértebra L2. Recién en esa fecha se le informó formalmente del cáncer y comenzó la derivación oncológica. Pese a los tratamientos posteriores, el paciente falleció el 30 de agosto de 2020 a raíz del avance tumoral.
2. La defensa del Servicio de Salud: alegaron que el paciente fallecería de todas formas
Al ser demandado por la cónyuge y los hijos de la víctima, el Servicio de Salud Atacama sostuvo que no existía relación de causalidad entre el actuar hospitalario y la muerte. Afirmó que el paciente ingresó con un cáncer en estadio IV sumamente agresivo y que, incluso con una derivación inmediata en febrero, la sobrevida de un carcinoma con permeación vasculolinfática era reducida.
Tanto el Tercer Juzgado de Letras de Copiapó como la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazaron las alegaciones estatales, señalando que la falta de servicio no radicaba en haber provocado la enfermedad, sino en haber privado al paciente de meses valiosos para recibir radioterapia, quimioterapia y cuidados que habrían aliviado sus padecimientos y prolongado su vida. Ante este fallo, el servicio público dedujo un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema.
3. Qué resolvió la Corte Suprema sobre la pérdida de la oportunidad
La Tercera Sala de la Corte Suprema, conociendo de los autos Rol N° 195.256-2023 bajo la redacción de la Ministra Adelita Ravanales Arriagada, desestimó el recurso de casación en el fondo el 2 de agosto de 2024 y confirmó en todas sus partes la condena civil.
El fallo asentó que la doctrina de la pérdida de la oportunidad permite reparar la privación culpable de una alternativa terapéutica:
- Inexistencia de una prueba imposible: No se requiere probar con certeza absoluta que el paciente habría sobrevivido para condenar al servicio de salud. Lo que la ley y la equidad ordenan resarcir es la supresión de la posibilidad razonable de pelear por la vida con auxilio médico adecuado.
- El daño propio de los familiares: La Corte ratificó que los familiares sufrieron una aflicción moral directa e irreparable al constatar que el hospital desaprovechó meses cruciales para el tratamiento de su cónyuge y padre, viéndose forzados a presenciar un deterioro acelerado que pudo postergarse.
- Falta de servicio patente: Mantener un resultado de biopsia archivado sin dar aviso oportuno ni activar los protocolos GES constituye un funcionamiento defectuoso y tardío de la red hospitalaria pública conforme al artículo 38 de la Ley N° 19.966.
4. Cuadro comparativo: posturas en el juicio versus doctrina de la Corte Suprema
| Aspecto Evaluado | Lo que alegó el Servicio de Salud | Criterio confirmado por la Corte Suprema |
|---|---|---|
| Gravedad de la enfermedad | El cáncer renal era estadio IV y el desenlace fatal era inevitable en el corto o mediano plazo. | Aunque la enfermedad fuera terminal, el paciente tenía derecho a ganar tiempo y calidad de sobrevida con quimioterapia temprana. |
| Entrega material del examen | El informe de biopsia se imprimió y se entregó en mano al paciente en febrero de 2020. | Entregar un informe técnico sin explicar el diagnóstico, sin anotarlo en la ficha ni remitir a oncología equivale a omitir la atención. |
| Causalidad en el daño | No existe vínculo directo entre la demora y la muerte, porque la causa fue el avance natural del tumor. | Se indemniza la pérdida de la chance terapéutica y el dolor familiar generado por la inacción injustificada de la red pública. |
| Indemnización otorgada | Solicitó rechazar las demandas o rebajar los montos por falta de certeza del beneficio médico. | Confirmó el pago de $30.000.000 por daño moral a cada uno de los actores, más reajustes e intereses legales. |
5. Requisitos procesales: mediación obligatoria y plazos para demandar
Para demandar a un hospital público o servicio de salud por falta de servicio en Chile, deben cumplirse dos condiciones procesales fundamentales:
- Mediación prejudicial obligatoria ante el CDE: El artículo 43 de la Ley N° 19.966 establece que es obligatorio solicitar un proceso de mediación ante el Consejo de Defensa del Estado antes de ingresar la demanda civil. Si no se alcanza un acuerdo, se emite un certificado de término que habilita la vía judicial.
- Plazo de prescripción de cuatro años: Las acciones indemnizatorias contra el Estado en salud prescriben en el plazo de cuatro años, según el artículo 39 de la Ley N° 19.966. El cómputo se inicia desde la acción u omisión, aunque la doctrina mayoritaria y la Corte Suprema lo cuentan desde que el daño se manifiesta con claridad, y se suspende durante la mediación.
Preguntas frecuentes sobre pérdida de oportunidad y falta de servicio
¿Qué es la pérdida de la oportunidad en una negligencia médica?
Es un criterio fijado por la jurisprudencia donde no se exige demostrar con certeza absoluta que el paciente se habría salvado sin la falta del hospital. Lo que se indemniza es la privación culpable de una probabilidad seria y real de curación, tratamiento oportuno o sobrevida con dignidad.
¿Qué resolvió la Corte Suprema en el fallo Rol N° 195.256-2023?
La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó la condena al Servicio de Salud Atacama a pagar 30 millones de pesos a cada familiar demandante por daño moral, tras comprobarse que el Hospital Regional de Copiapó tardó casi tres meses en informar el resultado de una biopsia de cáncer renal, impidiendo iniciar quimioterapia y radioterapia de forma temprana.
¿Por qué el hospital no pudo eximirse alegando que el cáncer era terminal?
El Servicio de Salud argumentó que la enfermedad era grave y el desenlace fatal era inevitable. La Corte Suprema descartó esa defensa porque la falta de servicio impidió al paciente y a su familia acceder a cuidados tempranos y ganar tiempo de vida, lo que constituye un daño autónomo e indemnizable.
¿Qué trámite previo es obligatorio antes de demandar a un hospital público?
La Ley N° 19.966 exige someter el conflicto a un proceso de mediación previa ante el Consejo de Defensa del Estado. Este trámite es un requisito obligatorio de admisibilidad; si no se logra un acuerdo económico con el servicio de salud, recién se puede presentar la demanda judicial.
¿Cuál es el plazo legal para demandar al Estado por falta de servicio en salud?
El plazo de prescripción es de cuatro años, según el artículo 39 de la Ley N° 19.966, contados desde la acción u omisión, aunque la doctrina mayoritaria y la Corte Suprema los cuentan desde que el daño se manifiesta con claridad. El plazo se suspende durante el procedimiento de mediación ante el Consejo de Defensa del Estado.