La Corte Suprema acogió un recurso de unificación de jurisprudencia (Rol N° 215.328-2023) y condenó solidariamente a una constructora y a un municipio a pagar más de 88 millones de pesos por lucro cesante a un trabajador accidentado en faena. El tribunal fijó que la pérdida futura de ingresos se rige por probabilidades razonables y no por certeza matemática.
Criterio clave en subcontratación y obras públicas: Los tribunales de instancia solían rechazar las demandas de lucro cesante cuando el trabajador tenía contrato por faena transitoria o era joven, alegando falta de certeza de sus ingresos futuros. La Corte Suprema zanjó este criterio: si existe una merma física permanente, el daño futuro debe repararse proyectando los años restantes de vida laboral, y la entidad mandante responde en forma solidaria.
1. La caída desde el andamio: los hechos acreditados en Tucapel
El trabajador, don Patricio Flores Soto, de 20 años de edad, fue contratado por obra o faena por la empresa Constructora Andes y Cía. Ltda. para desempeñarse como ayudante en la construcción del nuevo edificio consistorial de la Municipalidad de Tucapel, percibiendo un ingreso mensual de $408.125 (incluyendo gratificación legal).
El 25 de junio de 2021, mientras ejecutaba labores en altura sobre los andamios de la faena, debió pasar de una parrilla a otra. Las estructuras presentaban una separación defectuosa de entre 40 y 50 centímetros sin pasarela continua ni línea de vida que permitiera el enganche permanente, por lo que el operario debió soltar su arnés para cruzar. En ese instante resbaló y cayó al vacío desde una altura aproximada de entre 7 y 10 metros.
A consecuencia del impacto, sufrió fracturas vertebrales torácicas inestables (T4 a T8), fractura de escápula derecha, múltiples fracturas costales, trauma torácico, neumotórax y contusión pulmonar. El Servicio Médico Legal determinó lesiones graves y la Comisión Médica de la Ley N° 16.744 fijó de manera irrevocable una incapacidad laboral permanente del 40%, quedando impedido de realizar cualquier labor que demande esfuerzo físico por el resto de su vida.
2. El error de los tribunales de instancia: exigir certeza matemática absoluta
El Juzgado de Letras de Yungay y posteriormente la Corte de Apelaciones de Chillán acogieron la demanda únicamente respecto del daño moral, condenando al pago de $25.000.000. Sin embargo, ambas instancias rechazaron de plano el lucro cesante bajo los siguientes argumentos:
- Que el trabajador estaba contratado bajo la modalidad transitoria de "obra o faena", por lo que resultaba incierto proyectar si mantendría ese nivel de ingresos en el futuro.
- Que al tener 20 años de edad y haber comenzado estudios superiores en Concepción con posterioridad al accidente, no existía certeza de que su actividad laboral definitiva exigiera fuerza física ni de que sufriera una merma patrimonial real.
Bajo esa mirada restrictiva, los jueces de instancia impusieron al trabajador una exigencia de certeza matemática que hacía prácticamente imposible cobrar el lucro cesante futuro, dejando sin reparación patrimonial una merma física del 40% diagnosticada de por vida.
3. La doctrina de unificación de la Corte Suprema: juicio de probabilidad razonable
La Cuarta Sala de la Corte Suprema, mediante sentencia del 9 de julio de 2024 redactada por la Ministra Gloria Ana Chevesich Ruiz, acogió el recurso de unificación de jurisprudencia y dejó sin efecto el fallo de la Corte de Chillán en lo relativo al lucro cesante.
El máximo tribunal recordó su jurisprudencia consolidada en fallos previos (Rol N° 100.796-2016 y Rol N° 75.685-2021), fijando principios rectores para la reparación del daño corporal:
- El lucro cesante es un daño futuro pero cierto: A diferencia del daño emergente, el lucro cesante no es un gasto ya devengado, sino la legítima expectativa de ganancia que el trabajador habría obtenido de no haber mediado la negligencia del empleador.
- Juicio de probabilidad objetiva: Determinar lo que habría ocurrido en el futuro exige una mirada objetiva hacia el curso ordinario de los acontecimientos. No puede exigirse una prueba diabólica o certeza absoluta de cada peso a percibir.
- Suficiencia de parámetros objetivos: La existencia de una incapacidad laboral permanente del 40%, sumada a la remuneración demostrada al momento del accidente y la edad del trabajador, constituyen bases concretas y suficientes para ordenar el pago total de la indemnización.
4. ¿Cómo se calculó la indemnización de $88.155.000 por lucro cesante?
Al dictar la sentencia de reemplazo en cumplimiento del artículo 483-C del Código del Trabajo, la Corte Suprema aplicó una fórmula matemática directa y transparente para cuantificar el perjuicio económico:
| Parámetro de Cálculo | Valor Acreditado en el Juicio | Impacto en la Liquidación |
|---|---|---|
| Ingreso base mensual | $408.125 mensuales al momento del siniestro. | Base de remuneración real demostrada en faena. |
| Porcentaje de incapacidad permanente | 40% dictaminado por la Ley N° 16.744. | Merma mensual equivalente a $163.250 por mes. |
| Horizonte de vida laboral activa | 45 años faltantes hasta la edad de jubilar (65 años). | 540 meses de vida laboral productiva afectada. |
| Total indemnizado por lucro cesante | $163.250 × 12 meses × 45 años. | $88.155.000 a pagar en forma solidaria. |
| Total daño moral añadido | Dolor, sufrimiento y pérdida de calidad de vida. | $25.000.000 a pagar en forma solidaria. |
Adicionalmente, el máximo tribunal ordenó que todas las sumas se paguen con los reajustes e intereses de los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo desde que la sentencia quede ejecutoriada.
5. Responsabilidad solidaria del mandante en subcontratación
Un aspecto determinante del fallo es la condena solidaria extendida a la Municipalidad de Tucapel como dueña de la obra. En virtud de las normas de subcontratación (artículos 183-B y siguientes del Código del Trabajo), la entidad mandante tiene la obligación inexcusable de verificar que las empresas contratistas mantengan condiciones eficaces de protección a la vida y salud (artículo 184 del Código del Trabajo).
Al haberse acreditado que los andamios carecían de medidas elementales de seguridad y que el municipio no ejerció una fiscalización preventiva en el terreno, fue condenado a responder del pago total de los $113.155.000 de indemnización junto con la constructora.
Preguntas frecuentes sobre accidentes laborales y lucro cesante
¿Cómo define la Corte Suprema el lucro cesante en accidentes del trabajo?
La Corte Suprema resolvió que el lucro cesante por daño corporal es la expectativa objetiva de ingresos futuros que el trabajador pierde por sus secuelas físicas. No requiere certeza matemática absoluta ni prueba diabólica, sino un juicio fundado de probabilidades razonables según el curso ordinario de los acontecimientos.
¿Qué fórmula utilizó la Corte Suprema en el fallo Rol N° 215.328-2023?
El tribunal multiplicó el ingreso mensual que percibía el trabajador por el porcentaje de pérdida de capacidad de ganancia fijado por la comisión médica (40%) y por los años que le restaban de vida laboral activa hasta la edad legal de jubilación (45 años restantes), lo que arrojó exactamente 88.155.000 pesos.
¿Se puede reclamar lucro cesante si el contrato era por obra o faena?
Sí. La Corte Suprema unificó jurisprudencia aclarando que el tipo de contrato temporal o la juventud del trabajador no impiden indemnizar el lucro cesante, ya que la incapacidad permanente del 40% afectará su capacidad laboral y de generar ingresos durante toda su vida futura.
¿Por qué responde la empresa mandante o el municipio dueño de la obra?
Bajo las normas de subcontratación del Código del Trabajo, el dueño de la obra tiene la obligación legal de fiscalizar que los contratistas adopten medidas eficaces de seguridad. Si incumple ese deber de fiscalización ante un accidente grave, debe responder en forma solidaria por la totalidad de las indemnizaciones.
¿Cuál es el plazo legal para interponer una demanda por accidente laboral?
Por regla general, la acción indemnizatoria prescribe en el plazo de cinco años según el artículo 2515 del Código Civil, contados desde la fecha del accidente o desde la resolución médica que fija el grado definitivo de invalidez o incapacidad laboral.