Las lesiones graves, perforaciones de órganos vecinos, secuelas invalidantes o el olvido de instrumental quirúrgico en pabellón constituyen faltas médicas que dan derecho a demandar indemnización de perjuicios. La responsabilidad recae solidariamente en el cirujano, el equipo médico y la clínica u hospital respectivo conforme al régimen de responsabilidad civil y de falta de servicio.
Toda intervención quirúrgica somete al paciente a una situación de vulnerabilidad bajo anestesia general o regional. Por esta razón, el ordenamiento jurídico y los protocolos sanitarios exigen al cirujano y al equipo de pabellón un estándar de diligencia riguroso, que abarca desde la preparación preoperatoria hasta la ejecución técnica del procedimiento y los cuidados del postoperatorio inmediato.
El error quirúrgico indemnizable se presenta cuando el daño no obedece a la evolución natural e inevitable de la enfermedad de base, sino a una infracción de los deberes de cuidado en pabellón. Entre estas fallas técnicas destacan las disecciones sin adecuado control, el desconocimiento de variantes anatómicas advertidas en exámenes previos, el corte de vasos principales y la omisión de reexplorar la cavidad cuando el paciente presenta hemorragias internas o descompensación postoperatoria.
Protocolo de recuento quirúrgico: Es una regla obligatoria en todo pabellón que exige al personal de arsenal y al cirujano contar cada gasa, compresa, aguja y pinza antes de comenzar y antes de suturar la herida. Si la cuenta no cuadra, está prohibido cerrar al paciente sin tomar una radiografía de control para descartar cuerpos extraños olvidados.
En la doctrina judicial chilena se aplica con frecuencia el principio res ipsa loquitur (la evidencia habla por sí misma en pabellón). Este criterio procesal establece que, ante desenlaces lesivos que solo pueden originarse si existió descuido en el quirófano, la carga probatoria sobre la ocurrencia del acto culpable se alivia sustancialmente para la víctima.
Un paciente que ingresa para una cirugía menor y despierta con una quemadura profunda por una placa de electrobisturí (el instrumento eléctrico utilizado para cortar tejido y cauterizar vasos sanguíneos) mal instalada, o aquel a quien se le deja una compresa de algodón en el abdomen que meses después genera un absceso o fístula intestinal, no está obligado a detallar minuciosamente cada movimiento del equipo médico. La existencia del daño en un paciente anestesiado demuestra por sí misma el defecto asistencial, trasladando al centro médico y al cirujano la carga de justificar cómo se produjo el hecho.
Los hechos hablan por sí solos: Cuando el daño sufrido es tan evidente y ajeno a los riesgos normales de la operación (como despertar de una cirugía con un instrumento olvidado adentro o un órgano sano perforado), la ley no le exige al paciente reconstruir cada segundo de lo ocurrido. Es el cirujano y la clínica quienes deben justificar ante el juez cómo ocurrió semejante falla.
Los litigios de responsabilidad médica en materia quirúrgica involucran generalmente eventos adversos que demandan cirugías de rescate urgentes o que provocan discapacidades permanentes:
| Situación clínica | Riesgo quirúrgico inherente | Negligencia culpable sancionada | Consecuencia procesal |
|---|---|---|---|
| Extracción de vesícula por laparoscopía | Conversión a cirugía abierta por inflamación severa imprevista | Corte del conducto colédoco (vía biliar principal) por avanzar a ciegas | Indemnización por cirugías reparadoras, lucro cesante y daño moral |
| Cirugía abdominal de urgencia | Infección superficial de herida operatoria debidamente tratada | Olvido de compresa quirúrgica dentro de la cavidad abdominal | Responsabilidad solidaria inmediata del equipo quirúrgico y la clínica |
| Intervención ginecológica o urológica | Adherencias pélvicas previas que dificultan la disección | Perforación intestinal no advertida antes del alta médica | Condena por falta de servicio y daño moral por peritonitis y sepsis |
En el sistema privado de salud, la demanda de indemnización se dirige conjuntamente contra el médico cirujano tratante y contra la clínica donde se llevó a cabo el procedimiento. La clínica responde civilmente por el contrato de hospitalización, el cual comprende garantizar la seguridad asistencial, la competencia técnica de sus auxiliares y el perfecto estado del instrumental. En hospitales públicos, la demanda se interpone contra el Servicio de Salud respectivo bajo la figura de la falta de servicio consagrada en la Ley 19.966.
«El quirófano es el espacio donde el paciente deposita su confianza más absoluta. Si el equipo comete un descuido o lesiona un órgano sano por apuro o falta de pericia, la ley chilena obliga a reparar cada perjuicio causado.» Equipo de Indemnizaciones Chile
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Sí. Aunque toda intervención implica riesgos inherentes, la perforación de estructuras anatómicas sanas y ajenas a la zona a intervenir (como perforar el colon durante una cirugía ginecológica o lesionar la vía biliar en una extracción de vesícula) configura responsabilidad civil cuando obedece a impericia técnica, maniobras apresuradas o falta de visión quirúrgica adecuada.
El olvido de cualquier cuerpo extraño en el lecho operatorio (gasas, compresas o instrumental) constituye una falta inexcusable a la lex artis quirúrgica. En estos casos, la negligencia se evidencia por sí misma, comprometiendo la responsabilidad del cirujano que cerró la herida, del personal de arsenal y de la clínica por falla en el recuento.
No. El consentimiento informado ampara al médico y al establecimiento respecto de los riesgos fortuitos e imprevisibles debidamente advertidos al paciente. Bajo ningún concepto la firma de este documento exonera al equipo médico de responder por negligencias, descuidos o impericia técnica cometida dentro del pabellón quirúrgico.
La demanda civil se dirige solidariamente contra el cirujano tratante, los médicos que hayan intervenido con culpa y la clínica privada titular del recinto en virtud del contrato de hospitalización. Si la operación se practicó en un hospital público, responde el Servicio de Salud correspondiente bajo la figura de la falta de servicio.
El plazo legal ordinario es de 4 años contados desde que se cometió el hecho culposo o desde que el daño se manifestó clínicamente (artículo 2332 del Código Civil). En el caso de cuerpos extraños olvidados que producen síntomas tiempo después, el plazo se computa desde que el paciente descubre el objeto mediante exámenes médicos.
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